La reforma que impulsa la escisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) avanza hacia una instancia decisiva en el Congreso Nacional de Honduras y ya genera posiciones encontradas entre algunos de los principales actores del mercado. Mientras organizaciones empresariales la consideran una herramienta necesaria para sanear las finanzas de la estatal y modernizar el sistema eléctrico, exfuncionarios y referentes de la industria cuestionan su alcance y alertan sobre riesgos regulatorios.
El proyecto, que ya superó dos debates legislativos y espera su aprobación definitiva, busca profundizar la separación técnica, administrativa y financiera de la ENEE, además de habilitar nuevas inversiones privadas en segmentos clave de la red eléctrica.
Las diferencias no giran en torno al diagnóstico. Existe consenso sobre la compleja situación que atraviesa la compañía estatal. El desacuerdo aparece al momento de evaluar si la reforma propuesta será capaz de corregir los problemas estructurales que durante años han afectado al sector.
La situación financiera de la ENEE explica buena parte del respaldo que recibe la iniciativa. La empresa acumula una deuda superior a USD 4500 millones, equivalente al 11% del Producto Interno Bruto hondureño, mientras las pérdidas técnicas y no técnicas se aproximan al 38%.
En ese contexto, Eduardo Bennaton, presidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), definió la discusión como "la decisión más importante que Honduras tomará esta década en materia económica".
El dirigente sostuvo que la urgencia de actuar era evidente. Según detalló, las ineficiencias de la estatal representan una carga diaria para las finanzas públicas y terminan impactando sobre toda la economía hondureña.
Desde AHER respaldan la reforma y consideran que el debate público se ha concentrado excesivamente en la posibilidad de una privatización de la empresa. Bennaton recordó que el texto actualmente en discusión incorpora disposiciones que prohíben la transferencia de la propiedad, administración o activos físicos de la ENEE a operadores privados.
Sin embargo, el apoyo del sector renovable no implica un respaldo irrestricto al proyecto. Antes de su aprobación definitiva, la asociación reclama ajustes técnicos que permitan garantizar una implementación efectiva.
Entre las observaciones planteadas figuran cronogramas realistas para concretar la escisión de la estatal, una Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) verdaderamente independiente y la incorporación de incentivos fiscales para las energías renovables dentro del propio decreto.
Para Bennaton, el éxito de la reforma dependerá menos de su aprobación legislativa que de su ejecución posterior. "La verdadera prueba no será la aprobación del decreto, sino la capacidad del Estado para ejecutarlo. Y esa ejecución depende de que la ley esté bien construida desde ahora", manifestó.
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Las críticas más fuertes provienen de quienes consideran que la iniciativa deja sin resolver los problemas de fondo de la empresa estatal.
Erick Tejada, exministro de Energía de Honduras, recordó que la separación técnica, administrativa y financiera de la ENEE no surge con la actual propuesta, sino que comenzó durante el gobierno anterior con acompañamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según explicó, el objetivo era permitir que las áreas de generación y transmisión contaran con recursos propios para realizar inversiones. En paralelo, señaló que la corrección de anomalías detectadas en el cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD) y del Valor Agregado de Transmisión (VAT) tendrá consecuencias sobre las tarifas eléctricas.
"Había una anomalía no registrada en el cálculo del VAD y el VAT que nosotros regularizamos y que se va a concluir de arreglar este año, va a tener un impacto al alza en la tarifa", afirmó.
El exfuncionario también destacó que la reforma abre la puerta a una mayor participación de inversores privados en el desarrollo de infraestructura de red.
Aun así, consideró que el principal desafío será preservar la capacidad de supervisión del Estado sobre el mercado eléctrico. "El mayor riesgo a mi juicio es que exista una captura regulatoria que mine la capacidad del Estado de fiscalizar el subsector eléctrico y a los agentes de mercado privado", advirtió.
Desde su perspectiva, el decreto tampoco aborda las causas principales que explican la situación financiera de la estatal.
"La Contrarreforma no ataca los problemas principales de la ENEE: deuda financiera, altos costos de generación y reducción de pérdidas", sostuvo Tejada.
Las dudas sobre la participación privada también encuentran respaldo en experiencias previas. Otras fuentes del sector consultadas recordaron que Honduras ya intentó incorporar capital externo mediante esquemas de tercerización de la distribución eléctrica.
Según las mismas, aquella experiencia terminó deteriorando los indicadores de desempeño debido a una supervisión insuficiente por parte del Estado. Como consecuencia, los resultados esperados no se materializaron y los costos terminaron siendo absorbidos por las finanzas públicas.
Con el tercer debate legislativo cada vez más cerca, la reforma avanza entre expectativas y cuestionamientos. Mientras algunos actores la consideran una oportunidad histórica para reordenar el sistema eléctrico hondureño, otros creen que el verdadero examen comenzará una vez aprobada la ley y se ponga a prueba la capacidad institucional para ejecutar los cambios previstos.