La Asociación Brasileña de Soluciones de Almacenamiento de Energía (ABSAE) valoró positivamente la apertura de la consulta pública sobre la distribución del Cargo por Reserva de Capacidad asociado a los sistemas de almacenamiento (ERCAP-SAE). Sin embargo, advirtió que el debate regulatorio pone de manifiesto deficiencias en la legislación vigente que podrían generar incertidumbre para el desarrollo de los proyectos.
Desde la entidad señalaron que participarán activamente en el proceso impulsado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), aunque consideran que las distintas alternativas sometidas a discusión evidencian un problema de origen: la legislación estableció que los generadores deben asumir los costos de contratación de baterías, pero no definió parámetros claros para implementar esa obligación.
En ese sentido, ABSAE destacó que el propio voto del funcionario relator reconoce la existencia de este vacío normativo.
Si bien la ley identifica a los responsables del pago, no determina aspectos fundamentales como el monto del cargo, la periodicidad de su evaluación o los criterios para distribuirlo entre los distintos generadores.
Esta situación obliga al regulador a desarrollar una metodología que permita aplicar la disposición legal de manera objetiva y operativa, garantizando al mismo tiempo la seguridad financiera de los contratos, pese a la ausencia de lineamientos específicos en la legislación.
El debate sobre quién debe asumir los costos del almacenamiento
Uno de los principales cuestionamientos de ABSAE se relaciona con la naturaleza del servicio que prestarán las baterías contratadas mediante la primera subasta de almacenamiento de Brasil.
De acuerdo con la asociación, tanto el voto del relator como las contribuciones del Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) reconocen que los contratos del LRCAP-Storage están destinados a garantizar la disponibilidad de energía para el sistema eléctrico.
La necesidad de contar con esta capacidad se manifiesta especialmente durante los períodos de máxima demanda, cuando resulta fundamental disponer de recursos que contribuyan a la seguridad y confiabilidad del suministro.
Esta interpretación coincide con el enfoque planteado por el Ministerio de Minas y Energía (MME) en la Consulta Pública 229/2026, que propone distribuir los costos entre los consumidores finales de acuerdo con su demanda durante las horas de mayor carga del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Para ABSAE, ambos planteamientos muestran que la necesidad de contratar capacidad de reserva responde al comportamiento de la demanda eléctrica en su conjunto y no a la actividad de un segmento específico de generación.
Por ese motivo, la asociación considera necesario que cualquier metodología de asignación contemple una base suficientemente amplia de agentes responsables del pago, acompañada de criterios transparentes y mecanismos que aseguren ingresos previsibles.
La entidad también subrayó la importancia de establecer herramientas para cubrir eventuales incumplimientos de pago, de manera que los proyectos adjudicados no queden expuestos a riesgos financieros ajenos a su operación.
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Reclaman cambios en la legislación para corregir las asimetrías
Aunque ABSAE manifestó su disposición a colaborar con ANEEL en la elaboración de la metodología, aclaró que su participación no implica respaldar el tratamiento diferenciado que establece la legislación para los sistemas de almacenamiento con baterías.
Por el contrario, considera que la discusión actual refuerza la necesidad de avanzar en una modificación estructural del marco legal.
En particular, la asociación respalda la eliminación del apartado 6 del artículo 3-A de la Ley 10.848/2004, contemplada en el Proyecto de Ley 3716/2026.
La iniciativa busca suprimir la excepción establecida para el almacenamiento y recuperar un criterio de distribución de costos acorde con la naturaleza sistémica del servicio de reserva de capacidad.
Desde la perspectiva de ABSAE, la contratación de baterías responde a necesidades generales del sistema eléctrico, por lo que su tratamiento económico debería mantener coherencia con esa función.
Piden que la discusión regulatoria no retrase la subasta de baterías
Otro de los puntos centrales del posicionamiento de ABSAE es la necesidad de evitar que la definición del mecanismo de asignación de costos se convierta en un obstáculo para el calendario de la primera subasta de almacenamiento de Brasil.
La asociación sostiene que el debate metodológico no debe condicionar la realización del LRCAP-Storage ni la firma de los contratos de reserva de capacidad con los proyectos seleccionados.
Según el planteamiento de la entidad, la regulación del cargo y la formalización de los contratos de uso de la red podrán completarse hasta 30 días antes del inicio del suministro previsto para agosto de 2028, sin necesidad de postergar las etapas anteriores del proceso.
De esta manera, ABSAE propone avanzar en paralelo con la estructuración de la contratación y la definición de las reglas económicas, preservando la previsibilidad necesaria para los desarrolladores e inversionistas.
La entidad insistió en que la primera subasta de baterías del país requiere seguridad jurídica, criterios técnicos consistentes y condiciones financieras que permitan sostener contratos de largo plazo.
No obstante, remarcó que una metodología adecuada para distribuir el cargo no resolverá por sí sola el problema identificado en el marco normativo.
En consecuencia, ABSAE considera fundamental que la discusión regulatoria avance sin comprometer el cronograma de contratación, mientras se impulsa una modificación legislativa que permita corregir de forma definitiva las diferencias en el tratamiento de los sistemas de almacenamiento.