El Congreso Nacional de Honduras debate una reforma eléctrica que busca reorganizar el mercado energético, redefinir las reglas para nuevas inversiones y avanzar en la reestructuración del sector impulsada por el Gobierno, según fuentes cercanas a Energía Estratégica.
La iniciativa, que el oficialismo intenta aprobar antes de una revisión clave del Fondo Monetario Internacional (FMI), también podría influir sobre el futuro de la licitación de 1500 MW de nueva generación, un proceso estratégico para la expansión del sistema eléctrico que ya fue postergado hasta el año entrante y continúa sujeto a definiciones regulatorias.
Cabe destacar, además, que antes del 29 de junio, el Directorio Ejecutivo del FMI evaluará la cuarta y quinta revisión del programa económico vigente, un proceso donde la situación financiera y operativa del sector eléctrico ocupa un lugar relevante. La presión por avanzar con la reforma responde, en parte, a la necesidad de presentar avances concretos en una de las áreas más sensibles para el organismo multilateral.
El debate también se desarrolla contrarreloj. El Congreso Nacional se prepara para entrar en receso legislativo y, si no se alcanzan consensos en las próximas semanas, la discusión podría quedar pendiente hasta el próximo período de sesiones. Eso prolongaría la incertidumbre sobre proyectos, inversiones y procesos que actualmente permanecen a la espera de un nuevo marco jurídico.
La atención del mercado está puesta especialmente en la licitación de 1500 MW, considerada una pieza fundamental para cubrir el crecimiento de la demanda y definir qué tecnologías liderarán la próxima etapa de expansión eléctrica. Sin embargo, su avance continúa condicionado a la aprobación de reglas que otorguen previsibilidad a desarrolladores, inversionistas y entidades financieras.
La relevancia del proceso aumentó tras la decisión de postergar la convocatoria hasta 2027. La licitación fue concebida para incorporar nueva capacidad de generación al sistema eléctrico nacional y reducir la dependencia de mecanismos extraordinarios de contratación utilizados para atender necesidades urgentes de abastecimiento.
Distintos actores de la industria han advertido que nuevos retrasos podrían dificultar la incorporación oportuna de potencia al sistema y aumentar la presión sobre esquemas de compras de emergencia. Por eso, cualquier modificación regulatoria que afecte los plazos o las condiciones bajo las cuales se desarrollará el proceso es seguida con atención por generadores, inversionistas y organismos financieros.
En paralelo, la reforma ha comenzado a despertar interrogantes sobre las señales que recibirá el mercado una vez aprobado el nuevo esquema regulatorio. Algunas fuentes del sector observan que el nuevo escenario podría abrir mayores oportunidades para proyectos vinculados al gas natural, mientras que otros actores advierten que las tendencias regionales apuntan en una dirección diferente.
La discusión no es menor. Durante los últimos años, Centroamérica ha registrado una creciente competitividad de la energía solar, la energía eólica y los sistemas de almacenamiento. Las licitaciones más recientes realizadas en países como Guatemala y Panamá mostraron que estas tecnologías continúan ganando terreno frente a otras alternativas de generación, impulsadas por la reducción de costos y la maduración tecnológica alcanzada por el sector.
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Ese contexto regional agrega una variable adicional al debate hondureño. Mientras algunos mercados avanzan hacia una mayor incorporación de renovables respaldadas por sistemas de almacenamiento, en Honduras persisten interrogantes sobre cuál será la combinación tecnológica que impulsará la próxima ola de inversiones energéticas.
Las dudas se extienden también al tratamiento que recibirán las energías renovables dentro del nuevo esquema regulatorio. La iniciativa actualmente en discusión evita abordar los incentivos fiscales que históricamente acompañaron el desarrollo de estos proyectos y traslada esa definición a una legislación posterior que, por ahora, no cuenta con un cronograma definido ni con un borrador conocido públicamente.
Uno de los puntos que más atención genera dentro de la industria es precisamente esa falta de definiciones sobre los incentivos destinados a las energías renovables. La ausencia de precisiones ocurre en un momento en el que estas tecnologías han alcanzado niveles de competitividad que les permiten disputar nuevos contratos incluso sin los beneficios fiscales que existían años atrás.
Sin embargo, el sector recuerda que estos mecanismos no sólo impactan sobre la rentabilidad de los proyectos. También influyen en el acceso al financiamiento y en el costo final de generación, variables que terminan repercutiendo en el precio de la electricidad para consumidores e industrias.
Por eso, la discusión regulatoria adquiere una dimensión estratégica.
Las señales que reciba el mercado durante los próximos meses podrían influir sobre la velocidad con la que se desarrollen nuevos proyectos y sobre el tipo de inversiones que decidan desembarcar en el país.
La reforma también se enmarca en un proceso más amplio de transformación institucional. Honduras avanza con la reestructuración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), una iniciativa que busca mejorar la sostenibilidad financiera del sistema, fortalecer la gestión operativa y generar condiciones para un mercado más eficiente y transparente.
Si bien el debate sobre la reorganización de la estatal ha generado posiciones encontradas dentro del sector, existe consenso en torno a la necesidad de resolver problemas estructurales que durante años afectaron las finanzas y el funcionamiento de la industria eléctrica hondureña.
Más allá de la discusión legislativa inmediata, lo que está en juego es el rumbo que adoptará el sector energético durante la próxima década. La combinación entre reforma regulatoria, reestructuración institucional y nuevas inversiones definirá no sólo qué tecnologías ganarán espacio dentro de la matriz eléctrica, sino también la capacidad del país para atraer capital, mejorar su competitividad y garantizar el abastecimiento de energía en los próximos años.
Con una revisión clave del FMI a pocos días, una licitación de 1500 MW pendiente de definición y un Congreso que busca construir consensos antes del receso legislativo, las próximas semanas podrían resultar determinantes para el futuro energético de Honduras.