El sector privado de Uruguay aguarda señales contractuales para volver a invertir en renovables en medio de un escenario donde se necesitaría incorporar nueva capacidad de generación hacia 2030 tras los únicos 100 MW licitados (bajo modalidad EPC) en el último año y medio.
“Se necesitan entre 500-600 MW promedio adicionales a los actuales para acompañar el crecimiento de la demanda tendencial orgánica. Y no estamos pensando en las nuevas demandas de las nuevas tecnologías”, manifestó Enzo Melani, director de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (AUDER), durante el streaming Se tenía que decir y se dijo, que lleva adelante Energía Estratégica.
“Hay escenarios de máxima que hablan de arriba de los 800 MW, fundamentalmente fotovoltaica hasta el 2030 y después se empieza a incorporar la eólica en paralelo”, precisó el directivo.
Mire el streaming completo: https://www.youtube.com/watch?v=GZv1QVxJAUw&t=3082s
La previsión surge de uno de los últimos estudios de planificación de la expansión de la generación, elaborado a finales de 2024, donde se había anticipado la necesidad de sumar parques fotovoltaicos a partir del año 2026, con bloques solares de 100 MW por año hasta 2030.
El país llega a esta discusión después de cuatro o cinco años con niveles de renovabilidad superiores al 90%. El desafío ahora consiste en convertir esa ventaja en una plataforma para electrificar consumos que aún dependen de combustibles fósiles.
La oportunidad se concentra inicialmente en la tecnología solar. Su participación representa apenas el 4% de la matriz, frente a más del 40% de hidráulica, poco más del 30% de eólica y cerca del 15% de biomasa.
“Una vez que se tiene una oferta eléctrica abundante, renovable y competitiva, eso habilita y ayuda a captar inversiones en nuevas tecnologías electrointensivas como data centers, centros de criptominado, hidrógenos y derivados”, agregó Melani.
La llegada de esos proyectos podría adelantar inversiones y elevar las necesidades previstas. Para AUDER, la electricidad no sólo debe acompañar el crecimiento del producto interno bruto, sino funcionar como factor de atracción para nuevas actividades industriales.
Hasta ahora, la expansión solar reciente quedó concentrada en inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), que conserva la propiedad de los activos y sólo contrata su ingeniería, suministro y construcción (EPC).
Uno de los desarrollos es Punta del Tigre B, financiado mediante una emisión de obligaciones negociables por 27 millones de dólares. La documentación identifica una capacidad de 25 MW, aunque la empresa pública señala que alcanzará 28 MW instalados.
A ello se suma el parque solar de Melo, cuya construcción fue anunciada en abril de 2026. Tendrá 100 MWp, aproximadamente 140.000 paneles y una inversión superior a 75 millones de dólares, por lo que se convertirá en la mayor instalación fotovoltaica de Uruguay.
Ese ritmo contrasta con las previsiones de demanda y alimenta el pedido empresarial para recuperar mecanismos que permitan financiar nueva capacidad sin depender exclusivamente del balance de la compañía estatal.
En consecuencia, AUDER mantuvo reuniones con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y con el equipo técnico de la cartera para discutir la participación de desarrolladores independientes.
“Creemos que más pronto que tarde, ojalá se puedan dar algunos anuncios en los próximos días respecto al sector privado y avanzar con mecanismos tipo PPA o similares”, anticipó el director de la asociación.
Las definiciones podrían tomar impulso durante la 12° edición del Congreso LATAM Renovables, que se realizará los días 28 y 29 de julio en el Auditorio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, en Montevideo. El encuentro es organizado por AUDER bajo el lema “La era de la electricidad”, con la participación de autoridades, especialistas y representantes de los ámbitos público, privado y académico.
La agenda estará atravesada por la planificación de la nueva capacidad, el financiamiento de proyectos y el papel de la electricidad en la siguiente etapa de la transición energética.
En paralelo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería elabora un nuevo acuerdo multipartidario para actualizar la política consensuada en 2010, de modo que Fundación Bariloche fue contratada para preparar el diagnóstico y la planificación estratégica.
“Se espera que sobre fin de año ese documento se pueda volcar a la discusión parlamentaria, como hicimos en 2010, para alcanzar los acuerdos que se necesitan para definir la nueva política. Necesitamos definir metas en previsibilidad del aumento de la capacidad de generación, fortalecer y modernizar la generación distribuida, además de la electromovilidad y storage”, indicó Melani.
También reclama que la energía fotovoltaica vuelva a integrar las actividades que pueden obtener exoneraciones fiscales, considerando que la tecnología accedió durante varios años a ese tratamiento, pero una modificación posterior alteró el incentivo y, según AUDER, impactó negativamente en el mercado.
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Generación distribuida y baterías completan el debate
Uruguay registra alrededor de 2000 instalaciones de generación distribuida, equivalentes a una capacidad de entre 50 y 60 MW, pero la cifra todavía es marginal dentro del parque nacional.
El régimen vigente permite que microgeneradores de hasta 150 kW conectados en baja tensión inyecten sus excedentes y reciban el mismo precio aplicado a la electricidad consumida.
AUDER participa en una mesa técnica con la Dirección Nacional de Energía para rediseñar el modelo. Las conversaciones incluyen una transición hacia net billing, el aumento de los topes y la habilitación del virtual metering.
“Sabemos que necesita una modernización y también entendemos que se debe dar un poco más de espacio a la generación distribuida, aumentar topes para poder ser microgenerador, hoy en día 150 kW, y habilitar el virtual metering. Creemos que debemos seguir la tendencia que sigue América Latina hacia un net-billing y ver cómo se remunera ese excedente”, señaló el director de AUDER.
El almacenamiento presenta un grado de madurez menor, tanto en aplicaciones de gran escala como detrás del medidor. Aunque las baterías están permitidas, la regulación todavía no facilita esquemas comerciales sostenibles.
“Si bien está habilitado instalar baterías detrás del medidor, no está del todo favorecido para generar modelos de negocio que sean rentables”, advierte el ejecutivo.
La planificación vigente sitúa el ingreso de esta tecnología hacia 2029. No obstante, la caída de los costos podría justificar una revisión y adelantar su incorporación al sistema.
“Con el descenso de los precios de la tecnología, habría que rehacer esos números porque me parece que debería tener sentido introducirlas antes”, concluye Melani.
Las previsiones de expansión exponen así una brecha entre el ritmo esperado de la demanda y la capacidad efectivamente contratada. La respuesta dependerá de las próximas decisiones sobre PPA, incentivos, generación descentralizada y almacenamiento, además del espacio que el Gobierno conceda al capital privado.