La entrada en vigencia del PR-21 y del PR-22 abre una nueva etapa para el almacenamiento energético en Perú. La habilitación de ambos procedimientos incorpora de forma más clara los dispositivos de almacenamiento dentro de los servicios de regulación de frecuencia y amplía las posibilidades para que los BESS construyan nuevas fuentes de ingresos dentro del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
El PR-21 entró en vigor el pasado 1 de agosto y el PR-22 lo hará el 1 de septiembre, con cambios que impactarán directamente sobre la regulación primaria y secundaria de frecuencia. Para el mercado, el principal giro consiste en que las baterías comienzan a contar con un rol regulatorio más definido dentro de estos servicios.
“Están enfocados en la regulación primaria de frecuencia, regulación secundaria de frecuencia, y el principal cambio es que en estas normativas se menciona ya un nuevo elemento llamado dispositivo de almacenamiento. Antes estos servicios eran ofertados por otro tipo de centrales”, explicó Emerson Peña Vasquez,operador de centro de control en Inver Renewable Management, del Grupo Enhol, en diálogo con Energía Estratégica.
El cambio supone una ampliación concreta de las posibilidades de negocio para el almacenamiento. Hasta ahora, estos servicios eran atendidos por centrales térmicas o hidroeléctricas y las baterías no contaban con un marco que definiera con la misma claridad su participación. Con la actualización, los BESS pueden comenzar a posicionarse como activos capaces de responder a necesidades de frecuencia y aportar flexibilidad al SEIN.
“Como país, lo que más va a ser un boom en estos años va a ser los proyectos de almacenamiento BESS standalone”, proyectó Peña Vasquez.
Para Rodrigo Pinto, ingeniero de soluciones del Grupo Andet, las modificaciones también amplían el margen operativo para estos activos. Entre los puntos que destaca aparecen una mayor libertad respecto de la localización de los sistemas y menores restricciones para dimensionarlos, siempre que el proyecto responda a las condiciones técnicas de la red y del punto de conexión.
Ese nuevo marco encuentra, además, un mercado que ya comienza a mostrar señales de inversión. Peña Vasquez advierte que, particularmente en proyectos renovables utility scale, los desarrolladores están buscando proveedores y evaluando cómo incorporar baterías a sus centrales y “se ven muchas inversiones extranjeras”.
Pinto también identifica un movimiento creciente de fabricantes y compañías extranjeras, especialmente de origen chino, que buscan ganar espacio en el mercado peruano con soluciones de almacenamiento, inversores y equipamiento para proyectos de gran escala. Entre los nombres mencionados por el especialista aparecen Huawei y Sungrow, junto con inversores interesados en plantas de 50 MW en adelante.
Ese movimiento coincide con una expectativa de crecimiento mucho más amplia. Perú podría incorporar cerca de 700 MW de almacenamiento hacia 2030, según un relevamiento realizado por Alexander Zanabria, gerente legal de Hábitat Verde Abogados.
La proyección ayuda a dimensionar por qué el mercado empieza a atraer a nuevos jugadores. ENGIE, Enel, Kallpa, Acciona, Sungrow y Zelestra aparecen entre las compañías que buscan posicionarse en este segmento.
Hoy, el almacenamiento conectado a la red concentra los proyectos más visibles del país: Enel Generación Perú opera BESS Ventanilla, con 14,6 MW y 7 MWh para regulación primaria de frecuencia, mientras que Kallpa Generación suma 34 MW y 17 MWh en Chilca.
A ellos se suma ENGIE Energía Perú con Chilca BESS, de 26,5 MW y 30 MWh, mientras Polaris, a través de Generación Andina, incorpora otros 0,63 MW mediante el proyecto BESS 8 de Agosto, en Huánuco. En conjunto, estas instalaciones representan 75,73 MW de potencia operativa, por lo que alcanzar el escenario proyectado hacia 2030 implicaría un salto de escala considerable para el almacenamiento peruano.
A partir de esa base, la discusión pasa por qué segmento podrá capturar primero la nueva oportunidad regulatoria. Peña Vasquez.considera que el elevado CAPEX que todavía implica incorporar baterías a grandes centrales renovables puede llevar a algunos desarrolladores a buscar alternativas operativas.
Dentro del segmento comercial e industrial, la minería aparece como uno de los focos de demanda más relevantes por su intensidad energética y por la necesidad de asegurar continuidad y calidad de suministro.
Sin embargo, el avance de nuevos proyectos tendrá un condicionante físico: la capacidad de la infraestructura de transmisión. La flexibilización regulatoria permite pensar en baterías de mayor escala y en distintos puntos del SEIN, pero su desarrollo seguirá sujeto a cuánto pueda absorber cada nodo de la red.
“Ese crecimiento tiene que ir escalonado, tiene que ser paulatino”, advirtió Peña Vasquez., al señalar que el desarrollo de nuevas plantas y BESS deberá acompañarse de ampliaciones de líneas e infraestructura eléctrica.
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Más allá del PR-21 y PR-22: el próximo salto regulatorio
La entrada en vigencia de ambos procedimientos resuelve parte de la ecuación, pero el mercado todavía espera nuevas reglas que amplíen las posibilidades de monetización de los BESS. Entre los próximos pasos aparecen un mercado más desarrollado de servicios complementarios y mecanismos como el arbitraje energético.
Ese proceso ya tiene una segunda vía regulatoria abierta. La Ley 32249 incorporó formalmente el mercado de servicios complementarios al marco eléctrico peruano, mientras el Ministerio de Energía y Minas avanza con el proyecto de reglamento destinado a definir su operación y administración.
La propuesta busca que estos servicios puedan ser ofertados y demandados en un entorno competitivo y sin excluir a ningún agente, una definición que podría ampliar todavía más el universo de aplicaciones para sistemas de almacenamiento una vez que el nuevo esquema termine de implementarse.
Para Peña Vasquez., todavía existe una diferencia importante frente a mercados donde las baterías cuentan con mayores alternativas para construir ingresos.
“Por ahora estamos dando este paso importante, pero yo considero que más adelante, cuando ya se implementen, por ejemplo, reglas de arbitraje eléctrico, va a ser un poco más competitivo este mercado”, sostuvo el especialista.
Y agregó: “Yo creo que ya dentro de dos o, como mucho, tres años, podríamos tener nuevas normas que apoyen esta noción”.
Chile marca parte del camino
En ese proceso, Perú mira de cerca a mercados que enfrentaron antes el crecimiento renovable y la necesidad de sumar flexibilidad al sistema eléctrico.
“Para nosotros en Latinoamérica un referente es Brasil, pero también está nuestro vecino Chile, que ha pasado por diversos tipos de reglamentos y también situaciones que han generado más know-how en el desarrollo de este tipo de servicios complementarios”, explicó Pinto.
Para Pinto, la experiencia chilena ofrece una ventaja concreta: permite observar los ajustes regulatorios y operativos que acompañaron una penetración renovable mucho mayor y trasladar esas lecciones al contexto peruano antes de enfrentar tensiones similares. Peña Vasquez. coincide en que mirar mercados más avanzados permite anticipar problemas asociados a una mayor participación solar y eólica.
El desarrollo de estas nuevas oportunidades coincide además con el inicio de una nueva etapa política en Perú y la llegada de Guillermo Shinno Huamaní al Ministerio de Energía y Minas, desde donde el mercado seguirá de cerca las próximas definiciones regulatorias vinculadas al sector eléctrico.
Para Pinto, el cambio de administración abre expectativas sobre nuevos marcos normativos y una mayor llegada de capital al sector energético, especialmente por su vínculo directo con actividades estratégicas como minería e infraestructura. “Nosotros por parte del sector energético esperamos una gran inversión”, afirmó.
Con un mercado que ya atrae nuevos jugadores, una cartera potencial de almacenamiento en expansión y un nuevo Gobierno que comienza a definir su agenda energética, el próximo desafío de Perú será convertir las primeras aperturas regulatorias en señales suficientes para acelerar inversiones y ampliar los modelos de negocio de los BESS.
La reglamentación de la Ley 32249, el desarrollo de los proyectos vinculados a los PR 21 y 22, el avance del almacenamiento energético y las próximas licitaciones serán parte del debate en Future Energy Summit Perú, que se realizará el 28 de septiembre en Lima.
El encuentro reunirá a referentes públicos y privados para analizar los próximos pasos del sector eléctrico peruano, en un escenario marcado por nuevas reglas, oportunidades de inversión y definiciones clave para la expansión de las energías renovables y los sistemas de almacenamiento.