Colombia se acerca a una nueva elección presidencial en medio de una discusión energética cada vez más sensible: qué tipo de Gobierno necesita el país para destrabar el desarrollo renovable.
La pregunta fue planteada sin rodeos durante el streaming de Energía Estratégica a Juan José Angulo, fundador de AMC Principal, abogado, consultor y uno de los referentes más activos en el análisis regulatorio y transaccional del sector eléctrico colombiano.
El disparador fue directo: ¿a quién le conviene la fotovoltaica? ¿Qué candidato ofrece mejores condiciones para las energías renovables? ¿Debe el sector apostar por continuidad, por cambio o por una visión más amplia de seguridad energética?
Angulo no quiso dar un nombre. Pero sí dejó una definición de fondo: para que las renovables crezcan, Colombia necesita un Gobierno que ofrezca seguridad, destrabe infraestructura y convierta las reglas en proyectos efectivamente construidos.
A continuación, los principales tramos de la entrevista.
—Juan José, antes de entrar en energía: ¿cómo se vive en Colombia este momento electoral?
—Estamos en una época compleja. Hay un dicho popular que dice que ningún mar en calma hizo grandes marineros, y creo que Colombia está atravesando justamente un momento de ese tipo.
Lo que ocurra en estas elecciones va a ser determinante, no solamente para el futuro energético, sino para el futuro del país como sociedad en vías de desarrollo. Por eso es tan importante que la gente salga a votar.
Colombia se está jugando mucho más que una agenda sectorial. Se está jugando cuál va a ser su norte como país.
—¿Sentís que hay ánimo de continuidad o ánimo de cambio?
—Creo que el país está en proceso de definir hacia dónde quiere caminar.
La energía es transversal. Es el sustrato que permite alcanzar muchas de las metas que una sociedad se plantea. Por eso, cuando hablamos de energía, no hablamos solo de electricidad: hablamos de desarrollo, competitividad, bienestar y capacidad productiva.
Si la gente sale efectivamente a votar, puede haber sorpresas. Hay un electorado que todavía puede movilizarse y que no necesariamente está plenamente reflejado en las encuestas.
—Cuando uno mira los sondeos, aparecen escenarios muy ajustados. ¿Te cierran esos números?
—Cuando se sintetiza la información de distintas encuestas, ya se habla de empates técnicos. Matemáticamente, el resultado podría ir en un sentido o en otro.
Pero en Colombia siempre hay un elemento clave: la abstención. Ese puede ser un factor determinante. Quien logre movilizar a quienes todavía no decidieron votar, o a quienes están dudando, puede encontrar una oportunidad muy importante.
—Vamos al punto energético. ¿A quién le convienen las renovables entre los candidatos?
—Te voy a responder desde lo que creo que necesita el sector renovable y la industria eléctrica en general. Luego cada quien podrá sacar sus conclusiones.
Mi apuesta profesional ha estado vinculada a las renovables. Llevo una década ayudando a construir una categoría que prácticamente no existía en Colombia. Pero hoy el sector ya no está en la misma etapa que hace diez años.
Las renovables ya demostraron que tienen un lugar. Ahora necesitan completar su ciclo de maduración. Y para eso requieren contexto: sistemas eléctricos robustos, redes capaces de recibir esa energía y condiciones de seguridad.
—Pero te lo pregunto más directo: ¿qué candidato conviene? ¿Podés dar un nombre?
—Creo que eso todavía está por descubrir.
No hemos tenido grandes debates energéticos en esta campaña, y eso genera incertidumbre. Algunos candidatos han expuesto ideas, otros permiten anticipar ciertas líneas en función de lo que representarían como continuidad o cambio.
Pero, para mí, la clave es otra: el candidato que más refuerce la noción de seguridad será un aliado estratégico de las renovables.
—¿Seguridad en qué sentido? ¿Seguridad jurídica?
—Seguridad regulatoria, seguridad institucional, seguridad para movilizar capital, seguridad para construir infraestructura y seguridad energética.
Las renovables necesitan que el sistema pueda recibir su energía. Necesitan transmisión, conexión, reglas claras, permisos, financiamiento y capacidad de ejecución.
No alcanza con que un candidato diga que está a favor de las renovables. El punto es si puede crear las condiciones para que los proyectos se materialicen.
—Entonces, ¿el sector no está mirando solamente quién promete más energía solar o eólica?
—Exactamente. Ese es uno de los grandes aprendizajes de los últimos diez años.
Los mecanismos de promoción, como las subastas, son muy importantes. Son necesarios y han sido un incentivo adecuado. Pero no son suficientes.
Colombia tuvo adjudicaciones relevantes y señales de precio importantes, pero una parte significativa de eso no se convirtió en infraestructura construida.
—¿Cuál fue el problema?
—Que la industria eléctrica no se resuelve solamente desde el papel.
Las leyes, los decretos, las subastas y las resoluciones son herramientas. Pero no hay que atribuirles más de lo que pueden dar.
Después viene la realidad física del mercado: la conexión, la transmisión, el territorio, las comunidades, los permisos, las líneas, las torres, la financiación y la construcción.
Ahí es donde se define si un proyecto existe o no existe.
—¿Colombia necesita más leyes o necesita ejecutar mejor las que ya tiene?
—Colombia tiene leyes de muy alto nivel. Como abogado, y comparando con otros países, puedo decir que el país tiene normas muy bien hechas.
Siempre habrá cosas por mejorar, pero el problema principal no es la ausencia de normas. El desafío es llevarlas a la práctica.
Las instituciones tienen que adoptar el compromiso de convertir esos enunciados normativos en infraestructura real.
—Cuando hablás con el sector, muchos parecen pedir cambio. Pero el Gobierno actual también anunció medidas para renovables. ¿Cómo se entiende esa contradicción?
—Porque el mercado ya aprendió que una señal normativa o una subasta no alcanza.
Una nueva subasta puede ser una buena señal. Pero el inversionista también mira si hay seguridad jurídica, si existe capacidad de transmisión, si los pagos son confiables, si los permisos avanzan y si el proyecto se puede construir.
El sector no está pidiendo únicamente más anuncios. Está pidiendo condiciones reales para invertir.
—¿Ese es el clamor de cambio que se escucha en la industria?
—Sí. No necesariamente un cambio entendido solo en términos partidarios, sino un cambio en la capacidad de ejecución.
Más leyes no van a construir la infraestructura que Colombia necesita. Se requieren capacidades gerenciales, capacidades ejecutivas y comprensión del lenguaje del inversionista.
Quien moviliza capital necesita saber que podrá desarrollar el proyecto, conectarlo, operarlo y recuperar su inversión en un marco estable.
—En los últimos días también hubo debate por la subasta de cargo por confiabilidad. ¿Qué pasó ahí?
—La subasta de cargo por confiabilidad es uno de los grandes mecanismos del sistema eléctrico colombiano. Es la subasta de expansión y busca garantizar nueva capacidad de generación para darle confiabilidad al sistema.
A diferencia de una subasta de renovables o de contratos de largo plazo, acá el producto que se subasta es energía firme. Funciona, conceptualmente, como un seguro para la demanda.
El sistema necesita saber que contará con recursos disponibles en momentos de escasez.
—La polémica apareció porque se adjudicaron proyectos térmicos.
—Sí, y ahí hay una discusión que tenemos que ordenar mejor.
No deberíamos mirar la energía como una competencia ideológica entre fuentes. Cada fuente tiene atributos. La solar tiene unos atributos, la hidráulica otros, las térmicas otros, las baterías otros.
Como país necesitamos energía limpia, pero también confiable y competitiva.
Los atributos no deberían competir entre sí. El sistema necesita la suma de esos atributos.
—¿El problema es que se adjudique térmica o que Colombia dependa de gas importado?
—El punto delicado es que parte de esa generación térmica está apalancada en gas natural importado.
Colombia escogió durante años el gas natural como combustible de transición. Pero hoy el país perdió autoabastecimiento de gas y debe importar. Eso introduce costos, incertidumbre contractual e infraestructura adicional.
Por eso la discusión no puede ser superficial. No se trata solamente de decir “térmica sí” o “térmica no”. Se trata de entender qué respaldo necesita el sistema y bajo qué condiciones.
—¿Qué tan urgente es el problema de confiabilidad?
—Muy urgente.
Colombia está entrando en una alta probabilidad de fenómeno de El Niño. Hoy las térmicas pueden representar alrededor del 12% de la generación, pero en un escenario de estrés hídrico podrían llegar a representar cerca del 55% de la energía real que reciben hogares e industrias.
Eso demuestra que no podemos mirar el sistema como fuentes separadas. Hay que mirarlo como sistema.
—¿Y las renovables cómo entran en esa discusión?
—Las renovables son fundamentales, pero deben incorporar los elementos necesarios para aportar estabilidad y confiabilidad.
La solar, por ejemplo, tiene una enorme oportunidad en Colombia. Pero si queremos que tenga un rol cada vez más fuerte, tenemos que complementarla con almacenamiento, redes y mecanismos que permitan gestionar su variabilidad.
El futuro energético colombiano debe pensarse desde el atributo de la seguridad energética.
—El Gobierno anunció una subasta de contratos de largo plazo para renovables. ¿Puede corregir el balance hacia energías limpias?
—Puede ayudar, pero hay que tener cuidado con las expectativas.
La subasta de contratos de largo plazo es importante porque puede ser un habilitador natural para la financiación de proyectos renovables. Pero los proyectos que se adjudiquen allí entrarían hacia 2029 o 2030.
Colombia tiene necesidades de corto y mediano plazo que no se van a resolver con proyectos que entren dentro de cuatro años.
—¿Entonces la subasta no alcanza?
—No alcanza por sí sola.
Puede ser una señal valiosa, pero el país necesita resolver problemas inmediatos de abastecimiento, conexión, transmisión y gestión de la demanda.
Además, hay que mirar si los proyectos adjudicados efectivamente podrán construirse. Ese es el punto central.
—¿También hay incertidumbre con la subasta de cargo?
—Sí. Aunque ya se publicaron resultados, todavía hay proyectos que deben presentar garantías y contratos de combustible.
Hasta que eso no ocurra, no se puede decir con plena certeza cuáles proyectos cerrarán efectivamente el mecanismo.
Hay que esperar el cierre completo para saber qué parque de generación estará realmente disponible hacia 2030.
—Mencionaste la demanda como parte de la solución. ¿A qué te referís?
—Colombia está estrenando un marco regulatorio muy importante en autogeneración remota.
Eso permite que una empresa analice dónde tiene más sentido producir energía y luego distribuirla a sus distintos centros de consumo en el país.
Puede ser una cadena de restaurantes, una industria, una empresa con varias sedes o cualquier consumidor con múltiples puntos de demanda.
—¿Esto cambia el mapa del sector eléctrico?
—Sí, porque empiezan a aparecer jugadores que no son generadores tradicionales, pero que pueden producir energía para su propio consumo.
La demanda empieza a marcar nuevos derroteros en la industria eléctrica.
Y esto puede ser muy relevante para industrias, centros comerciales, cadenas logísticas, empresas tecnológicas y nuevos consumos intensivos.
—¿Qué nuevos consumos están presionando al sistema?
—Primero, los vehículos eléctricos.
El vehículo eléctrico ya se está consolidando como una opción familiar en las ciudades colombianas. Pero eso implica un nuevo consumidor de energía.
Y hay un desafío: muchas personas cargan sus vehículos al llegar a casa, en horarios en los que la generación solar ya no está disponible. Eso genera estrés sobre el sistema y exige pensar en baterías, flexibilidad y gestión de demanda.
—También mencionaste data centers e inteligencia artificial.
—Sí. El despliegue de infraestructura digital va a ser enorme. Servidores, centros de datos e inteligencia artificial van a requerir mucha energía.
Colombia debe ver la transición energética como una oportunidad económica, no solamente como un problema de suministro.
Con autogeneración remota, una empresa podría decidir dónde ubicar sus servidores según clima, conectividad y cercanía a fibra óptica, y al mismo tiempo definir dónde producir la energía para abastecer esa operación.
Ahí hay una oportunidad muy grande.
—Volviendo a las elecciones: si tuvieras que resumir, ¿qué Gobierno conviene para las renovables?
—Conviene un Gobierno que dé seguridad.
Seguridad regulatoria, seguridad institucional, seguridad energética, seguridad para invertir y seguridad para ejecutar.
El Gobierno que entienda que las renovables no se consolidan solo con anuncios, sino con infraestructura, transmisión, reglas claras y capacidad de construcción, será el que más ayude al sector.
—¿Aunque no sea el que más hable de renovables?
—Exactamente.
El mejor aliado de las renovables no será necesariamente quien más use la palabra “renovable” en campaña, sino quien logre crear las condiciones para que los proyectos se construyan, se conecten y operen.
Ese es el verdadero desafío de Colombia.
—¿Cuál es la señal que hoy espera el mercado?
—El mercado espera certidumbre.
Los inversionistas quieren saber que, si participan en una subasta o desarrollan un proyecto, van a poder materializarlo. Que las reglas van a ser estables. Que las instituciones van a responder. Que la red va a estar disponible. Que los permisos van a poder tramitarse. Que el país entiende la importancia de la infraestructura.
La transición energética no se hace solamente con normas. Se hace con obras.
—Entonces, ¿la elección define el futuro renovable?
—Define una parte muy importante.
Colombia ya inició su proceso de incorporación de renovables. Eso no está en discusión. Lo que está en juego ahora es si el país logra pasar a una etapa de maduración, donde los proyectos dejen de estar solamente adjudicados o anunciados y empiecen a operar de manera efectiva.
El próximo Gobierno tendrá que decidir si quiere administrar expectativas o construir infraestructura. Y para las renovables, esa diferencia es determinante.