Se cerró la 12° edición del Congreso LATAM Renovables con una señal concreta para el mercado energético de Uruguay: el gobierno prepara nuevas licitaciones para parques solar fotovoltaica desarrollada por privados, luego de más de una década sin convocatorias de estas características.
Organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (AUDER), el encuentro se realizó los días 28 y 29 de julio en el Auditorio del LATU, en Montevideo, bajo el lema “La era de la electricidad”. Allí, autoridades, empresas, especialistas y representantes académicos debatieron los desafíos que enfrenta el país tras completar una primera transformación de su matriz eléctrica.
El formato definitivo todavía está en análisis, pero el Poder Ejecutivo evalúa un esquema de pago fijo por la instalación y sus prestaciones asociadas, con una posterior transferencia del activo a UTE.
“Es importante la vuelta a los PPA renovables porque hace 12 años que fue la última convocatoria de esa índole en el país. Que vuelva a estar la posibilidad hace que se puedan desarrollar más proyectos y más rápido”, manifestó Diego Oroño, presidente de AUDER, en diálogo con Energía Estratégica.
“Es la gran novedad después de más de 12 años. Implica una señal positiva al sector que necesitábamos. Se abre la cancha al sector privado, por lo que para AUDER es un anuncio muy importante”, complementó Marcelo Mula, vicepresidente de la asociación, en entrevista ante este medio que estuvo presente en el Congreso.
La decisión forma parte de una expansión que prevé al menos 500 MW fotovoltaicos durante el quinquenio. A diez años, la Dirección Nacional de Energía estima que el sistema deberá sumar alrededor de 1 GW de potencia solar, incluyendo iniciativas que ya se encuentran en ejecución.
Estas incorporaciones ampliarán una base solar todavía limitada frente al potencial de la tecnología. Uruguay dispone actualmente de alrededor de 300 MW fotovoltaicos, por lo que la incorporación de aproximadamente 1 GW durante la próxima década supondría un salto relevante en la composición del sistema.
Para AUDER, la principal señal no se limita al volumen previsto. El cambio central radica en que la inversión privada volverá a participar en la construcción de nueva capacidad, tras una etapa en la que UTE concentró el desarrollo y la propiedad de los activos.
Ese modelo permitió avanzar con proyectos públicos, pero redujo el espacio comercial disponible para productores independientes. Por lo que las nuevas convocatorias modificarían esa dinámica y permitirían distribuir entre más actores el capital requerido para ampliar el parque generador.
Los modelos de planificación indicaban que, luego de las incorporaciones realizadas hasta 2017, el país contaba con una oferta superior a sus necesidades inmediatas. Sin embargo, el margen acumulado se redujo durante la última década y el sistema debe prepararse para una demanda mayor.
A ese crecimiento vegetativo se suman nuevos consumos vinculados con la electrificación del transporte, la industria, los centros de datos y la eventual producción de hidrógeno y combustibles sintéticos. Estos proyectos requerirán nueva generación y contratos capaces de respaldar inversiones intensivas en capital.
Para los directivos, los anuncios reforzaron el carácter del Congreso LATAM Renovables como espacio de articulación entre actores públicos y privados.
“Llegamos a la edición N°12 y volvimos a superar las expectativas. Estamos muy contentos por la gente que asistió y temas tratados, pero además porque hubo anuncios del gobierno”, destacó.
La edición reunió a referentes de toda la cadena de valor y amplió su agenda frente a años anteriores. Durante los paneles se analizaron la electrificación de la economía, la infraestructura de carga, la generación distribuida, el almacenamiento, la energía solar, el hidrógeno, la licencia social, la cooperación regional y nuevas tecnologías aplicadas al sector.
“También se incorporó el debate sobre la eventual exploración petrolera en Uruguay y la forma en que el sector renovable debe posicionarse frente a ese escenario”, indicó Oroño.
Y aunque los entrevistados hablaron del retorno de los PPA, el diseño que analiza UTE podría diferir del contrato tradicional basado en la compra de cada megavatio hora producido. Por lo que conocer la modalidad del acuerdo y la estructura financiera será esencial para determinar la bancabilidad de los proyectos y el coste de capital.
“Lo que tenemos ahora de cuello de botella es ver los plazos, desde UTE anticiparon que será este año y resta ver cómo será el contrato”, advierte Mula.
La expansión, no obstante, estará limitada por la infraestructura de transmisión. El tercer corredor de 500 kV, previsto para conectar el centro con el sur, no estará disponible en el corto plazo. UTE deberá adaptar las condiciones de las convocatorias a la capacidad existente.
“Uruguay no tiene capacidad infinita en las líneas, entonces tenemos que saber en qué nodos habrá capacidad para armar los proyectos y desarrollar en muy poco plazo para presentarse a esa licitación”, precisó el vicepresidente de AUDER.
El congreso proyecta la próxima agenda energética
La discusión sobre los nuevos contratos se integró en una agenda más amplia: cómo trasladar el liderazgo renovable de Uruguay hacia sectores todavía dependientes de combustibles fósiles.
Luego de transformar su matriz eléctrica y alcanzar una elevada participación de fuentes limpias, el país enfrenta el desafío de electrificar el transporte, la industria y otros procesos productivos. El almacenamiento, la flexibilidad del sistema y la generación adicional serán condiciones necesarias para sostener esa transición.
El crecimiento previsto para la generación solar responde principalmente a la evolución ordinaria del consumo. Sin embargo, la instalación de proyectos de hidrógeno o grandes centros de datos podría elevar sustancialmente las necesidades de potencia.
“Sabemos que están por hacerse anuncios o firmar algún tipo de acuerdo entre el gobierno uruguayo y algún desarrollador, que viene demorado, como el caso de HIF o algunos otros proyectos que están para salir”, comentaron desde AUDER.
“Si viene demanda para el hidrógeno o data centers, debería llegar de la mano con el sector privado de la generación, y UTE como agente mediador y que habilita ese tipo de operación”, plantearon desde su directiva.
La movilidad eléctrica constituye otro frente de crecimiento. Según el vicepresidente de la asociación, en el mercado local ya se comercializan más automóviles eléctricos que unidades a gasolina. El desafío pasa ahora por sostener esa tendencia y ampliar la infraestructura.
El gobierno anunció una meta de 1000 cargadores para 2027, mientras que UTE impulsa licitaciones para arrendar espacios destinados a nuevos puntos de recarga. En tano que AUDER participará desde el próximo mes en una mesa público-privada sobre infraestructura e incentivos.
“Somos el que junta las partes. Nuestra función como asociación, es tender puentes, poner temas en agenda, y nos comprometimos a ayudar en ese proceso”, afirma Mula.
Bajo esa premisa, la entidad representará a compañías vinculadas con vehículos, sistemas de carga, generación eléctrica y desarrollo tecnológico. Su trabajo también abarcará la revisión futura de subsidios e instrumentos para la electromovilidad.
AUDER prevé, además, acompañar la elaboración de la política energética 2050. La Dirección Nacional de Energía espera cerrar el año con un diagnóstico y un primer borrador, sobre el que la asociación busca aportar información técnica y propuestas del sector privado.
El balance del Congreso LATAM Renovables dejó así una hoja de ruta que excede el regreso de los contratos. La próxima fase estará marcada por la apertura a desarrolladores independientes, la ampliación solar, la infraestructura de transmisión, la hibridación y la aparición de nuevas demandas.